Derecho a la salud vs. el libre desarrollo de la personalidad

Texto publicado el 18 de mnoviembre en Revista Consultoría, sección Noticias por Diego R. Santos.
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Por: Diego R. Santos,
Abogado. De la Vega & Martínez Rojas, S. C.
dsantos@dlvmr.com.mx
www.dlvmr.com.mx

 

Restringir el acceso a los trabajadores o dar por terminado la relación de trabajo ante la negativa de aplicarse la vacuna, sin duda alguna resulta una medida coactiva injustificada por parte del patrón.

Actualmente existe un desconocimiento por parte del sector empresarial sobre la posibilidad de solicitar a los trabajadores la vacunación obligatoria contra el Covid-19, con el fin de permitirles el acceso a los centros de trabajo e inclusive, llegar al extremo de dar por terminada la relación de trabajo ante la negativa de los trabajadores de aplicarse la vacuna.

Derivado de este problema, existe un debate sobre si el derecho a la salud de los trabajadores, que debe ser protegida y garantizada por el patrón, puede limitarse por el derecho al libre desarrollo de la personalidad de un individuo.

Por un lado, la protección de la salud está fundamentado en un principio de interés común pues es un deber primordial del Estado garantizar dicho derecho. Como es bien sabido, el Estado tiene la obligación de crear las estructuras institucionales o mecanismos necesarios para garantizar el respeto a este derecho.

Asimismo, se ha señalado que, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que los patrones tienen la obligación de asegurar la salud de las y los trabajadores en los centros de trabajo, a través del cumplimiento de la legislación en materia de salud que garantice la protección más amplia de este derecho.

Por tal motivo, el argumento utilizado en favor del derecho a la salud, parte de la idea que es necesario garantizar dicho derecho, a través de la obligatoriedad de tener la vacuna, y que dicho requerimiento no viola los derechos individuales de los trabajadores, justificándose a través de un interés común a la salud.

Sin embargo, dicho argumento se contrapone al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Rubén Hernández Vall en su libro “El Derecho de la Constitución”, menciona que, el derecho al libre desarrollo de la personalidad es la “facultad humana de tomar decisiones, dando origen a que las personas puedan autodeterminar sus decisiones sin coacción ni controles injustificados por parte del Estado o terceros y sin la amenaza de ser discriminados por sus desiciones personales”.

Esta autodeterminación permite al individuo la facultad de establecer, de acuerdo con sus propias metas, ideales o preferencias, las decisiones que día a día realizará para la construcción de su propia personalidad.

De lo anterior, se despende que este derecho está dirigido a la protección de la dignidad humana, por lo que constituye un derecho básico y primario.

Dicho lo anterior, es importante destacar que vulnerar este derecho, implicaría una discriminación directa a la persona y es obligación del Estado garantizar la protección más amplia de este derecho.

Con base a la Ley Federal del Trabajo

Considerando el conflicto que existe entre esto dos derechos, es necesario realizar una ponderación que permita determinar que derecho debe prevalecer; es decir, que derecho fundamental debe predominar sobre el otro por ser disposiciones jurídicas incompatibles entre sí.

Partiendo de lo mencionado, es importante destacar que la LFT establece en su Artículo 3ro que no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de sus condiciones de salud. Asimismo, el Artículo 133 establece que el patrón no puede negarse a aceptar trabajadores por razones de sus condiciones de salud o cualquier criterio que dé lugar a un acto discriminatorio.

Tambien, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que, se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, y tenga como objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en temas de salud.

Como resultado de la legislación antes mencionada, podemos concluir que, si bien el patrón tiene la obligación de garantizar la salud de los trabajadores, tambien es cierto que este no debe implementar ningún tipo de medida que dé lugar a la discriminación de las personas; por tal motivo, solicitar la vacunación obligatoria, podría implicar un acto de discriminación, puesto que estaría limitando la facultad del trabajador de autodeterminar si quiere o no aplicarse dicha vacuna.

Se podría argumentar que, el derecho a la salud es un derecho fundamental necesario para mantener seguro a la totalidad de los trabajadores, por ende, el patrón debe establecer cualquier tipo de mecanismo que esté dirigido a garantizar dicho derecho, incluyendo la obligatoriedad de la vacuna.

No obstante, tal y como se han pronunciado los tribunales locales e internacionales, la efectividad de este derecho se alcanza de forma progresiva con el tiempo; por lo que, únicamente puede existir una violación al derecho a la salud cuando no se adopten las medidas necesarias que emanan de las obligaciones legales, como no contar con políticas que favorezca el nivel más alto de salud posible, o no cumplir las leyes existentes en la materia.En el caso particular de México, los gobiernos federal y locales han emitido diversas regulaciones que establecen la obligación del patrón de establecer mecanismos para promover y proteger el desarrollo y la salud de las personas trabajadoras, sin que en ningún momento se haya establecido la necesidad de aplicarse de forma obligatoria la vacuna contra el Covid-19, e inclusive, diversos actores políticos se han pronunciado al respecto indicando que las personas tienen el derecho a decidir sobre la aplicación de la vacuna.

Como conclusión, podemos determinar que el restringir el acceso a los trabajadores o el dar por terminado la relación de trabajo ante la negativa de aplicarse la vacuna, sin duda alguna resulta una medida coactiva injustificada por parte del patrón que conlleva una discriminación por parte de este último.

Lo anterior por dos motivos principales, el primero en virtud de que se está violando el derecho al libre desarrollo de la personalidad y en segundo grado, ya que no existe dentro del marco regulatorio en materia de salud la obligatoriedad de contar con dicha vacuna.

Es decir, al no existir ninguna obligación legal que requiera a todas las personas trabajadoras el contar con dicha vacuna, el implementar la obligatoriedad de la misma a total discreción del patrón viola el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad.