Eliminar outsourcing subirá costos a empresas: experto

Nota publicada el 9 de abril en El Universal, sección Cartera por Rubén Migueles.
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Nota publicada el 9 de abril en El Pulso de San Luis, sección Valores por El Universal.
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La iniciativa presidencial que prohíbe la subcontratación de personal (outsourcing) es una medida recaudatoria muy fuerte que amenaza con elevar el costo laboral, sobre todo de pequeñas y medianas empresas que hacen uso de ese servicio, advirtió Ricardo Martínez, abogado especialista en materia laboral.

“Es una reforma trascendental que, por un lado, va a beneficiar a trabajadores para que puedan recibir la PTU (participación de los trabajadores en las utilidades), pero por otro lado encarece el costo de las empresas”, afirmó en entrevista con EL UNIVERSAL.

El socio fundador de la firma De la Vega y Martínez Rojas dijo que la reforma tiene un alto contenido fiscal, pues cuando las empresas dejen de usar el outsourcing, también dejarán de tener derecho a deducir el IVA que pagaban al proveedor de ese servicio, con lo que el gobierno va a obtener mayor recaudación.

“Vamos a ver que muchísimas empresas que deberán poner en su nómina a los trabajadores que tenían subcontratados va a ser más oneroso, porque les va a costar el IVA, la PTU y en materia de seguro social también va a haber un encarecimiento”, explicó.

Además, consideró que la iniciativa no toma en cuenta que México depende de los pequeños y medianos negocios, que representan 80% del padrón de empresas adscritas al IMSS.

“La subcontratación ayudaba mucho al pequeño y mediano empresario, porque no puede tener contadores o abogados. Se usa mucho la subcontratación, y prohibirla se oye grave”, señaló.

“Con el gran desempleo que nos dejó el Covid-19, con más de 700 mil empleos perdidos, me parece que es una medida muy fuerte que puede generar más desocupación y que muchos que están en la formalidad se vuelvan informales, que es lo que no queremos”, agregó el especialista.

Esta reforma deja una opción a empresas, dijo, y es la contratación de servicios u obras especializadas que no caigan en el objeto principal de la contratante ni en su actividad preponderante.

Martínez recomendó que lo primero que debe hacer cualquier empresa es analizar su objeto social y los objetos de sus contratos, y de ahí evaluar qué puede contratar todavía a través de servicios especializados.

Es un trabajo muy delicado, agregó, y se debe realizar con mucho cuidado, porque si las autoridades fiscales consideran que es una simulación, le van a quitar a la empresa la posibilidad de deducir el ISR y de acreditar el IVA.

“Queda poco tiempo. Esta reforma, como lo han anunciado claramente, va a entrar en vigor para el 1 de mayo, cuando empiece a correr el plazo de los tres meses”, dijo.

Para el especialista, la iniciativa viola el artículo quinto Constitucional, que permite a los gobernados dedicarse al trabajo, industria, comercio que más le acomode y que sea lícito, como lo puede ser la subcontratación.

Además, consideró que también viola el artículo 25, porque evidentemente va contra la iniciativa privada y la libertad de contratación.

“Aquí están prohibiendo una actividad que en todo el mundo es lícita, y que la propia Organización Internacional del Trabajo ha manifestado que es legal. Entonces, aprobar la reforma diciendo que se prohíbe la subcontratación, abre una gran avenida para los amparos”, recalcó Ricardo Martínez.

Habrá empresas muy afectadas, señaló, como por ejemplo todas las que se dedican a la tercerización como tal, pues la iniciativa es un golpe muy fuerte a una industria muy importante y que es legal.

“Lo malo es que la reforma no ataca el problema de fondo, que son los defraudadores, los simuladores, todos esos que usan figuras extrañas para poner a los trabajadores en sociedades, que los ponen como honorarios profesionales, que los ponen fuera de la ley y que no pagan. Eso no lo están atacando”, lamentó.